La Corte Suprema de Estados Unidos ha bloqueado el mandato de la administración de Biden que exigiría a las empresas privadas requerir a sus trabajadores el certificado de vacunación o que se realizaran un test semanalmente. Sin embargo, ha permitido la entrada en vigor de un mandato similar del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) de EE.UU. en las instalaciones médicas que aceptan pagos de Medicare o Medicaid.
Lo que ha sucedido
La mayoría conservadora de la corte falló 6-3 en contra de la medida de emergencia que impuso la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) el pasado mes de noviembre, que obligaría a las empresas de 100 o más empleados a asegurarse de que todos los trabajadores estuvieran vacunados o se hicieran tests de Covid-19 todas las semanas. El mandato también habría requerido que los trabajadores no vacunados llevaran mascarilla en las instalaciones de la empresa, independientemente de su estado de salud.
“Aunque indiscutiblemente el Congreso le ha dado a OSHA el poder de regular los riesgos laborales, no ha dado a la agencia el poder de regular la sanidad pública de una manera más amplia”, escribió la corte en una opinión sin firmar. “Exigir la vacunación de 84 millones de estadounidenses, seleccionados simplemente porque trabajan para empresas de más de 100 empleados, entra sin duda dentro de la última categoría”.
El mandato de la OSHA se habría aplicado a más de 84 millones de trabajadores. El tribunal escuchó los argumentos del caso el viernes pasado en una sesión que generó controversia cuando la jueza Sonia Sotomayor exageró significativamente el nivel de casos pediátricos de Covid-19.
Qué más ha sucedido
Sin embargo, el tribunal se puso del lado del HHS con respecto al mandato y dictaminó que “está dentro de las facultades que el Congreso le ha conferido”.
El fallo del HHS fue de 5 a 4, y el presidente del Tribunal Supremo John G. Roberts Jr. y el juez Brett M. Kavanaugh se unieron a la mayoría de los jueces liberales.
Los jueces Clarence Thomas y Samuel Alito expresaron su desacuerdo en una opinión sin firmar argumentando que los “desafíos planteados por una pandemia global no permiten que una agencia federal ejerza un poder que el Congreso no le ha conferido. Al mismo tiempo, tales circunstancias sin precedentes no brindan motivos para limitar el ejercicio de las facultades que se ha reconocido que tiene la agencia desde hace mucho tiempo”.
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