Tras una jornada bursátil especialmente volátil, Indra (BME:IDR) trata de recuperar el equilibrio. Las acciones de la tecnológica española, que se desplomaron un 3,81 % en la primera sesión de la semana, comenzaron el martes con nuevas caídas superiores al 2 %. Sin embargo, con el paso de las horas lograron moderar las pérdidas y llegaron a rozar los números verdes, cotizando en torno a los 37,7 euros por título. El trasfondo: tensiones internas en torno a una posible fusión con Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) y una serie de decisiones destinadas a reforzar el gobierno corporativo de la compañía.
Medidas para reforzar la supervisión
En un intento por disipar las crecientes sospechas del mercado, el consejo de administración de Indra ha creado una comisión especial compuesta exclusivamente por consejeros independientes. La iniciativa, aprobada por unanimidad, busca garantizar la aplicación estricta de las normas que regulan los conflictos de interés ante cualquier eventual integración con EM&E. La medida ha sido comunicada a la CNMV como una muestra del compromiso de la empresa con la transparencia y las buenas prácticas.
La comisión ‘ad hoc’ será diseñada y coordinada por una consejera independiente que consultará con sus homólogos antes de definir tanto la composición como las normas de funcionamiento. Se trata de una estructura pensada para blindar la imparcialidad del proceso ante las evidentes sensibilidades que rodean el posible acuerdo con EM&E.
Este movimiento llega en un momento especialmente delicado. En paralelo a la reunión extraordinaria del consejo, Ángeles Santamaría, hasta ahora vocal independiente, presentó su dimisión irrevocable, alegando “motivos personales”. Aunque su salida se ha comunicado como desvinculada de los acontecimientos recientes, su renuncia en este contexto ha disparado las especulaciones.
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Intereses cruzados en el centro del debate
Las preocupaciones del mercado no son infundadas. El actual presidente de Indra, Ángel Escribano, es también copropietario de EM&E, empresa que posee el 14,3 % del capital de Indra y es su segundo mayor accionista, solo por detrás del Estado, que mantiene un 28 % a través de la SEPI. Además, Javier Escribano, hermano del presidente, también tiene asiento en el consejo de administración.
Este cruce de intereses ha avivado las dudas sobre la independencia de la compañía frente a uno de sus socios más influyentes. Algunos analistas advierten que el peso creciente de EM&E, no solo como accionista sino también como parte de los órganos de decisión, podría distorsionar el proceso de toma de decisiones y erosionar la percepción de imparcialidad de la firma.
La gobernanza bajo escrutinio
La reacción del mercado ha sido contundente. El desplome del lunes evidencia la desconfianza de los inversores ante la posibilidad de que conflictos internos contaminen decisiones estratégicas futuras. Aunque la sesión del martes ofreció cierta estabilidad, los analistas coinciden en que solo una mayor claridad, y no declaraciones, podrá restaurar la confianza.
Más allá del impacto inmediato en la cotización, lo que está en juego es la arquitectura de poder dentro de Indra. Cualquier decisión en torno a una eventual fusión con EM&E podría redefinir el equilibrio entre el accionariado público y privado, y poner a prueba la capacidad de la compañía para mantener su autonomía operativa.
En un momento en que la transparencia y el buen gobierno cotizan más que nunca, la gran pregunta es si Indra sabrá encontrar el equilibrio entre sus múltiples centros de poder sin comprometer su rumbo estratégico.
Imagen creada con Inteligencia Artificial
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